Los legisladores demócratas y los abogados de inmigración están presionando para que se adopten nuevas medidas para poner fin a la política de inmigración iniciada por el pionero Donald Trump, tras un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos. Polémico Animación del programa «Stay in Mexico».
La política de Trump ha obligado a miles de solicitantes de asilo a permanecer pendientes de las investigaciones de Estados Unidos en México. .
En uno de sus primeros actos como presidente en enero, Biden completó oficialmente una política conocida como el Código de Protección al Inmigrante (MPP).
El Tribunal Supremo falló este martes con mayoría conservadora Biden debe cumplir Aunque un juez federal con sede en Texas ha decidido renovar el plan, los funcionarios federales han conservado algunas opciones sobre cómo hacerlo.
Los funcionarios de Texas y Missouri liderados por los republicanos compitieron para detener el plan de Biden, diciendo que su administración no había seguido los procedimientos legales adecuados.
El MPP fue una piedra angular de las inflexibles políticas de inmigración de Trump. Biden prometió un enfoque más humanitario de la inmigración.
Robert Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, un demócrata de Nueva Jersey, pidió al gobierno de Biden que «legitime e implemente esta política indignante».
Lucy Roypal Alard, la representante demócrata de Estados Unidos en California, instó a la administración a revertir su política inhumana, obligando a los solicitantes de asilo, incluidos mujeres y niños, a esperar en peligrosas ciudades fronterizas.
Marilyn Hinkab, directora ejecutiva del Centro Nacional para la Ley de Inmigración, con sede en Los Ángeles, dijo que la gerencia debería decidir cómo cumplir con una orden judicial al intentar completar un proyecto.
«Seguimos pensando que es ilegal», dijo Hinkaby. «Ha causado un daño tremendo, caos y trastornos».
El alto funcionario extranjero de México, Roberto Velasco, dijo en Twitter que el gobierno de Estados Unidos ya estaba en contacto con México sobre el tema y describió el proceso judicial como un «movimiento unilateral» de Estados Unidos.
La Cancillería mexicana dijo en un comunicado que no estaría obligada por la decisión de la corte mexicana y que ejercerá soberanía sobre sus políticas migratorias.
Los funcionarios mexicanos han expresado personalmente su preocupación de que la política reducirá la capacidad de México para manejar inmigrantes.
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