El acuerdo Brexit fue ignorado y la Unión Europea comenzó a emprender acciones legales contra Londres.

Boris Johnson viajó a Irlanda del Norte unos días antes para reunirse con la primera ministra del gobierno local y líder sindical, Arlene Foster. Este último había solicitado públicamente que el Primer Ministro Torey abandonara y renegociara el Protocolo de Irlanda del Norte firmado con la Unión Europea como anexo al Acuerdo de Divorcio del Reino de Bruselas: un protocolo en el que 27 países exigían que una serie de medidas administrativas y aduaneras fueran garantizadas por controlar las mercancías en tránsito en las fronteras internas entre Belfast y el resto del Reino Unido Permitir al Ulster conservar, a diferencia del resto del país, los privilegios del mercado único y abrir así la frontera con Dublín.

Foster elogió la reciente decisión del gobierno de Londres de extender unilateralmente el «período de gracia» para implementar el acuerdo hasta octubre y continuar hasta entonces sin implementar controles internos en una gama de productos, desde agroalimentarios hasta parcelas. Pero agregó que este paso, que la Unión Europea ha denunciado como una violación del derecho internacional, con la amenaza de represalias legales, no es suficiente y que el protocolo en sí es «inaceptable» para la integridad territorial británica. Johnson, acompañado por el ministro de Asuntos de Irlanda del Norte, Brandon Lewis, fue más preciso: pidió a Bruselas que rompiera el período de gracia, al tiempo que insistió en que se incluyeran en el acuerdo soluciones prácticas y definitivas de «sentido común» en la mayor medida posible. Unión Europea para aliviar los obstáculos.