A través de una propuesta de ley aprobada por el Consejo de Ministros de España, las personas trans pueden solicitar el cambio de género en sus documentos de identidad, incluso sin someterse a tratamiento hormonal y certificación médica. Según el gobierno, esta nueva norma garantiza a las personas el «derecho a la autodeterminación» de la identidad de género. La ley, que debe ser aprobada por el parlamento, fue impulsada por Irene Montero, ministra de Igualdad de Oportunidades. El texto de la ley es el resultado de largas rondas de negociaciones que involucran los pros y los contras de los sindicatos LGBT + y diversas realidades políticas. Parte del movimiento feminista se opuso a la ley, argumentando que la posibilidad de cambiar de género sin someterse a ningún tratamiento médico corre el riesgo de perder el significado de aquellas leyes y reglamentos que protegen precisamente a las mujeres por pertenecer al género biológico femenino. La coalición de izquierda en el gobierno también participó en el debate: la viceprimera ministra socialista Carmen Calvo, portavoz de la ilegalidad, se opuso al plan, que inicialmente contó con el apoyo de Irene Montero, miembro de Unidas Podemos.
«España es ahora el líder en Europa», dijo la portavoz del gobierno, María Jesús Montero, en una conferencia de prensa que el primer ministro Point Pedro Sánchez había respaldado el apoyo en Twitter. Montero subrayó «nuestra política feminista», diciendo que la nueva ley «aumenta las posibilidades de felicidad de miles de personas». La reasignación de género se puede escuchar en los documentos solo después de someterse a una terapia hormonal, que actualmente conlleva un cambio en los caracteres sexuales secundarios, sin necesidad de cirugía reconstructiva sexual en España. La nueva ley también eliminará la necesidad de hormonas y permitirá que las personas se identifiquen con su género al comenzar el proceso de transición.
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